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Un macrojuicio para la Operación Puerto

Los seis acusados en la redada contra el dopaje se sentarán en el banquillo entre el 28 de enero y el 22 de marzo de 2013

Carlos Arribas
El médico Eufemiano Fuentes, principal imputado en la Operación Puerto.
El médico Eufemiano Fuentes, principal imputado en la Operación Puerto. DESIREE MARTIN (AFP)

Seis acusados, ocho acusadores, 35 testigos, 13 peritos y una juez, Julia Patricia Santamaría Matesanz. Todos ellos, reunidos durante semanas en una macrosala en la calle de Julián Camarillo, en Madrid. El juicio oral 52/12, en el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, tiene, de entrada, todas las características de un macrojuicio. Y, finalmente, también tiene fecha. Casi siete años después de producirse la intervención de la Guardia Civil, los acusados en la Operación Puerto se sentarán en el banquillo. Será ya en 2013, del 28 de enero, lunes, al 22 de marzo, viernes. Así se lo comunicó recientemente el juzgado a las partes.

Acusados de un delito contra la salud pública, los médicos Eufemiano y Yolanda Fuentes y José Luis Merino Batres, los directores de equipos ciclistas Manolo Saiz y Vicente Belda y el entrenador Ignacio Labarta se enfrentan a una petición del fiscal de dos años de prisión que algunas acusaciones particulares aumentan a cuatro años. A todos ellos les detuvo la Guardia Civil en mayo de 2006, acusándolos de haber organizado una trama de dopaje en el deporte, principalmente en el ciclismo. Durante la operación se intervinieron en varios domicilios de Madrid casi 200 bolsas de sangre de deportistas conservadas en neveras y congeladores con vistas a una reinfusión según se acercaran las competiciones en las que iban a participar. Por entonces, el dopaje aún no era considerado delito en España. Por eso se les acusa de un delito contra la salud pública.

El dopaje no era considerado delito en España cuando se produjeron los hechos

Ningún deportista se sentará en el banquillo de los acusados, pero muchos ciclistas deberán comparecer como testigos de las acusaciones o de las defensas. Así, entre los 35 convocados, aparte de los 13 guardias civiles que intervinieron en la operación y de una decena de expertos, figuran los corredores Alberto Contador, quien competía entonces en el Liberty, de Saiz, aunque, según la investigación, en ningún momento se vio implicado en las prácticas dopantes; Jesús Manzano, quien también es acusación particular; Darío Gadeo, Pedro Díaz Lobato, Ivan Basso y Michele Scarponi, que fueron sancionados por dopaje, además de Marcos Serrano, David Etxebarria, Joseba Beloki, Ángel Vicioso, Isidro Nozal, Unai Osa, Jorg Jacksche y Gianpaolo Caruso, que corrían en el Liberty y, supuestamente, se sometieron a transfusiones de sangre y otros métodos de dopaje, como inyecciones de EPO, parches de testosterona o pastillas anabolizantes. Muchos de ellos se han retirado ya de la competición profesional.

Aparte de la fiscalía y de la abogacía del Estado, que actúa por el Consejo Superior de Deportes, hay seis acusaciones particulares: la Unión Ciclista Internacional (UCI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Comité Olímpico Italiano, Manzano, la federación de ciclismo y la asociación internacional de equipos ciclistas. Para todos ellos, transcurridos ya más de seis años, el juicio y su sentencia, más allá de la condena y de los hechos que se conocerán durante su celebración (las expectativas de los espectadores pueden quedar frustradas: no se juzgará si se doparon o no o qué corredores y otros deportistas, sino si las transfusiones y las planificaciones dopantes eran peligrosas para la salud), tendrá valor simbólico, una fecha, un momento, para pasar oficialmente página y dar por terminada una de las épocas más tristes del deporte.

Por tanto, el fiscal pide dos años de prisión por atentar contra la salud pública

De los más de 50 deportistas identificados, solo una minoría (Basso, Scarponi, Jacksche…) confesó que se dopaba. Otros, como Alejandro Valverde, fueron sancionados pese a no reconocer nunca que algunas de las bolsas de sangre fueran suyas. Los demás negaron, guardaron silencio, se exiliaron a equipos menores en Portugal o Colombia o se retiraron. Algunos tendrán la oportunidad de contar su verdad, como testigos, en el juicio, en el que contarán además con el apoyo de la UCI, que ha anunciado su intención de amnistiar (no castigar) a todos aquellos corredores que confiesen que se doparon en el pasado.

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Sobre la firma

Carlos Arribas
Periodista de EL PAÍS desde 1990. Cubre regularmente los Juegos Olímpicos, las principales competiciones de ciclismo y atletismo y las noticias de dopaje.

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