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Dopaje impune (otra vez)

El máximo tribunal deportivo revoca sanciones derivadas de otra causa judicial sobre dopaje Perdona a triatletas que figuran como compradores de EPO y otras sustancias prohibidas

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Xavier Llobet en los Juegos Olimpicos de Atenas 2004. Miguelez Sports/Cordon Press

Xavier Llobet, triatleta olímpico en Atenas 2004, habla por teléfono con el exciclista del Kelme Jordi Riera Valls. Son las 9.54 del 1 de febrero de 2011. Riera tiene el teléfono pinchado dentro de una operación policial sobre dopaje. Hablan en catalán. “¿Qué pasa, crac?”, es el saludo. Tras comentar brevemente su plan de entrenamiento pasan a la farmacología.

Riera. Los Actos salen a 150.

Llobet. Vale...

R. Cada caja.

Ll. Vale.

R. ¿Lo digo bien? Sí, vale.

Ll. Vale, ¿qué más?

R. ¿Cuántas quieres?

Ll. Oh, tres. Son 350.

R. Después, el clembu a 60.

Ll. Vale.

R. Después, ¿algo más de aquello?

Ll. No, porque todo lo otro ya lo tenía, ¿no?

R. Bueno, ¡el tratamiento aquel!

Ll. Sí.

R. ¿Lo quieres hacer? Yo, yo, es que, Xavi, lo tengo, lo tienes muy... lo conté para hacer 12 pinchazos.

Ll. Pues venga.

R. O sea, seis, seis inyecciones que te las puedes ir combinando. Tienes para mucho, eh.

Ll. Vale, ¿entonces a cuánto sale esto?

R. Esto sale cada inyección unos 30 euros.

Ll. O sea, has dicho seis: seis por... tres, ¿18, no?

R. Ahí.

Ll. Vale, pues esto así. Vale. Yo ahora...

R. Así.

Ll. Cero, diez, diez, quince, quince, me llevo una, son 750 euros.

R. Vale, y aquí entran tres Actos, dos...

Ll. Dos, dos cle, clembu y seis, seis inyecciones de aquellas.

R. ¿Dos clembus quieres o uno?

Ll. Uno, uno, uno, uno, uno, sí pon uno, pero después ya es menos. Después son seis... Bueno 700, 700.

R. El clembu cada caja cuesta 60, pero van más.

Ll. Pues 700, al final son 700 euros. Justos.

R. Vale, espera, tres Actos, un clemb...

Ll. Y seis de aquellas que me has dicho.

R. Y seis de aquellas, que entonces serán aquellos tratamientos para los males que uno era el Testo. Que después te tengo que explicar cómo se tiene que hacer.

Ll. Vale.

R. Esto lo tendré esta semana quizá.

Ll. Bueno, y con lo otro también, ¿no?

R. Sííííí y lo otro tío, que tienes Andriol, y tienes de todo ahí.

Ll. Vale, entonces.

R. Y, y un huevo de Aire.

Ll. Vale, pues yo ahora lo preparo y te lo doy ahora aquí cuando...

R. Tres Actos, un clemb y seis inyecciones de aquellas. Ah, y te he guardado una cosa...

Ll. Sí.

R. Y quiero que lo pruebes esto, bueno, eh, es muy caro.

Ll. Mmm.

R. Pero compraron muchos y dijo, ostras, y cada uno, uno de nosotros se queda...

Ll. Mmm.

R. ... Dos ampollas. Una me la he quedado yo y la otra... te, te la daré a ti de regalo.

Ll. ¡Hostia! Vale, vale, guay, perfecto.

R. Y una de estas es como cuatro HMG.

El Actos es presumiblemente Actovegin, conocido también como “EPO de los pobres”, un fármaco que incrementa la obtención de energía a través de la glucosa y que está prohibido en el deporte por sus graves efectos secundarios. El clembuterol es un anabolizante que aumenta la masa muscular. El Andriol es un preparado con testosterona. El HMG es un precursor de la hormona del crecimiento. Un huevo de aire es probablemente Solcoseryl, conocido como gas bus, un derivado de plasma bovino que mejora el transporte de oxígeno.

El Comité de Disciplina Deportiva considera que una confesión ante los ‘mossos’ no es prueba de cargo suficiente

Dos semanas después de esta conversación, que figura transcrita en unas diligencias judiciales, los Mossos d’Esquadra anuncian la detención de siete personas. Entre los implicados está Riera. La Operación Cursa está en marcha y la policía autónoma catalana, bajo el mandato de un juez de Olot (Girona), busca a los intermediarios y a los responsables de una farmacia de Andorra que ha enviado por mensajería 536 paquetes entre el enero de 2010 y el 10 de marzo de 2011. El 40% fueron a decenas de atletas, entrenadores y personas relacionadas con el deporte en España y Portugal.

El 15 de febrero de 2011, Llobet declara ante los mossos como testigo. El dopaje no es delito, aunque sí lo cometen quienes trafican con sustancias dopantes. Va sin abogado y está obligado a decir la verdad. Son las 17.48 y la declaración es concisa. Preguntado sobre qué sustancias le proporciona Riera, responde que “antiguamente le ha suministrado hormona de crecimiento y EPO y que le había hecho últimamente un pedido pese a que no tiene demasiado interés en continuar con el consumo de sustancias, dado que está en trámite de aceptar un trabajo externo a la competición deportiva”. Añade que le sirve “desde hace unos tres o cuatro años y no muchas veces”. El acta sigue. Llobet admite que Riera le cobra por lo que le suministra y que “en alguna ocasión” le ha dado información sobre la detección de estas en controles antidopaje. A las 18.10, 22 minutos después de empezar, Llobet firma “de conformidad” la declaración.

Mes y medio más tarde, Llobet vuelve a declarar. Esta vez ante el juez. Y cambia de versión. Allí dice que Riera “nunca le ha asesorado sobre medicamentos”. Sí admite que él preguntó a Riera sobre “Actos, clembuterol, inyecciones y testosterona”, pero añade que la única relación fue que le dio una caja de medicamentos como “regalo porque se la quería quitar de encima”. Preguntado por la conversación y el encargo de tres cajas de Actos, dice que “no recuerda”.

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Parte del material incautado durante la operación.

Las declaraciones forman parte de un gran procedimiento judicial —uno más— sobre el dopaje en España. Y, como otros, ha terminado aguado. El Comité Español de Disciplina Deportiva, el máximo tribunal deportivo, anuló a finales de julio la sanción que le impuso la federación de triatlón a Llobet y a otros cuatro deportistas. El caso ha generado malestar en el Gobierno y la hasta el viernes directora de la agencia antidopaje, Ana Muñoz, no oculta su enfado y se confiesa “indignada”: “No es aceptable”.

El caso comenzó el 13 de diciembre de 2010, cuando Xavier Tondo, ciclista del Movistar que falleció en 2011 en un accidente doméstico, acudió al juzgado de Olot a contar que por Facebook le habían ofrecido EPO y sustancias dopantes. El juzgado lanzó la investigación y los mossos descubrieron que una farmacia de Andorra enviaba a través de mensajería desde La Seu d’Urgell medicamentos a España y Portugal. Buena parte de ellos iban a deportistas o gente relacionada con el deporte. Eran en su mayoría de segundo nivel y amateur. En la causa aparecen tres deportistas paralímpicos.

El juzgado trasladó la documentación al Consejo Superior de Deportes (CSD). Aunque el dopaje no fuese delito, quizá al organismo responsable del deporte le interesarían los nombres que allí salían. Lo principal es una lista de deportistas que habían adquirido sustancias dopantes. Incluye la sustancia que compraron, la cantidad, la fecha, el pago y el envío. Proceden del clonado del ordenador de la farmacia. Allí hay diez culturistas, seis atletas de nivel medio (entre ellos, Gustavo Platas o Felipe Carnicer), doce ciclistas profesionales (entre los que estaba Vicente Ballester Martínez, detenido en la Operación Puerto).

El olímpico Xavier Llobet puede competir pese a que en una declaración admitió haber adquirido hormona del crecimiento

Pero en los más de 1.800 folios que abarca figuran más deportistas. Hay un listado de gente que había recibido envíos de la farmacia, pero de los que se desconoce el contenido porque los datos no estaban ya en el ordenador de la botica y los nombres salen de las empresas de mensajería. Hay 11 médicos deportivos y entrenadores, 21 atletas y otros tantos aficionados, 21 ciclistas, dos deportistas paralímpicos, 50 ciclistas aficionados y 11 triatletas.

Hay dos paquetes al estadio del Real Oviedo Club de Fútbol, entonces en Segunda B; otro a Jeroni Llorca, médico del Hércules de Alicante y del Sport Clinic Arena, y a la promesa del medio fondo David Bustos, entre muchos otros.

Los mossos advierten que estar en el listado no implica necesariamente haber recibido sustancias dopantes. No saben lo que había en los paquetes. Xavier Tarrés, sargento jefe de Consumo de los mossos, distingue tres grupos principales de receptores: los que compraron sustancias dopantes, los que adquirían sustancias que en España necesitan receta, como el hierro endovenoso o la vitamina B endovenosa, generalmente vinculados a la recuperación tras el deporte, y otros que pedían medicamentos prohibidos en España que no necesariamente están incluidos en las listas de sustancias dopantes. ¿A qué categoría pertenecen esos envíos? No se sabe. Nadie lo ha preguntado.

En las diligencias de la Operación Cursa, que tramita un juzgado de Girona, figuran

hasta tres paralímpicos

Algunos de los deportistas dan una respuesta que suena convincente. David Bustos, promesa del 1.500 y con fama de correr limpio, sostiene que si está su nombre debe de ser un error, ya que entre los ciclistas que sí compraron sustancias dopantes hay uno con un nombre similar: David Busto Portillo. “Yo no compro ni un medicamento, me los da mi médico, que es una responsable antidopaje y tiene una empresa de suplementación y seguimiento deportivo”.

La llamada de este diario ha sido la primera noticia de que sus nombres aparecen en las diligencias. Es posible que no haya nada en muchos casos, pero las autoridades deportivas no lo han mirado. El médico del Hércules contesta sorprendido al teléfono cuando se le pregunta por qué está su nombre como receptor de un envío desde la farmacia de Andorra. Admite que hizo un pedido. “Quizá fue alguna vitamina o hierro. Fue una compra legal. Fue la única vez que compré y lo encontré por Internet”. “No querría que después de tanto tiempo de luchar contra el dopaje se me mezclase en esto por una compra legal”, concluye.

María Ramos, médico del Oviedo, admite que solicitó a la farmacia “sustancias ergogénicas”, de ayuda: “Todo legal, nada prohibido. Conocía a una nutricionista por la zona y me resultaba sencillo buscarlo allí”. Raquel Hernández, entrenadora de yudo, admite que pidió allí Thiactocid, “que retrasa la aparición de la fatiga y que no se encuentra en España. Nos lo recomendó el médico y no está prohibido”.

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Jordi Riera, uno de los detenidos, junto a su abogado.

Muchos de ellos, la gran mayoría, no fueron llamados a declarar. “Para acreditar el delito contra la salud pública, el tráfico de sustancias, no hacía falta llamar a todos. No nos fijamos en si eran de élite o no”, dice Xavier Tarrés, de la investigación policial.

Uno de los ciclistas que según el sumario adquirió HMG en varios envíos en 2012 explicó hace unos meses por correo: “La única noticia que he tenido sobre el tema ha sido la de aparecer en la prensa, mientras que los realmente implicados han sido sancionados y llamados a declarar. Yo, al contrario, fui premiado por la federación”.

Las federaciones eran hasta ahora las responsables de las sanciones. Y cada una actuó de una manera. La de atletismo no se personó. “Nadie nos informó. La única noticia que tenemos es la que apareció en los medios. Los nombres relacionados son Gustavo Platas y Felipe Carnicer, pero no actuamos porque no nos llegó por cauces oficiales”, cuenta Gerardo Cebrián, jefe de prensa de la Federación de Atletismo. Admite que desconocen los demás nombres.

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Un científico sostiene una muestra de sangre en el Laboratorio para el Análisis del Dopaje de Suiza. AFP

Mientras la parte penal sigue en instrucción contra los distribuidores, las sanciones deportivas apenas avanzaron. Solo una federación, la de triatlón, se personó en el caso para estudiar la parte que afectaba a sus triatletas. Lo hizo en septiembre de 2012, tras conocer de manera informal lo que se cocía allí. Con las declaraciones en la mano, abrió expedientes y en primavera de 2013 comenzó a sancionar. Cayeron 13 suspensiones. A Jessica Rodríguez, campeona de España en 2010, le impuso dos años de suspensión por haber comprado Trigon Depot, un corticoide que se puede usar con prescripción. A Miguel Ángel Giménez Barragán, por aparecer como comprador de diversas sustancias. A Joan Molist, por admitir ante los mossos que había tomado Clembuterol, Provirón y Winstrol. Estos y otros más fueron suspendidos durante dos años.

La sanción más sonada llegó el 30 de abril de 2013. El olímpico Xavier Llobet recibió una suspensión de tres años por infracción “muy grave”. Elevaba el plazo sin competir un positivo previo por cafeína, que después fue retirada de la lista de sustancias prohibidas. Iba a ser probablemente el fin de su carrera. Nacido en 1974, difícilmente podría estar tres años sin competir. Aunque sus mejores años han pasado (fue campeón de España en 1996 y 1999), mantiene patrocinadores. Las bicicletas, los complementos nutricionales, la ropa... el triatlón mueve algo de dinero. En julio de 2012 ganó la travesía a nado de la ría de Bilbao.

Paralelamente, la Federación de Ciclismo, en la que también está Llobet, incoó su propio expediente. Pero este siguió otro camino muy distinto. Solo dos semanas después de que Triatlón le sancionara, Llobet recibió la buena noticia de que Ciclismo cerraba el caso. Esta federación consideraba que valorar como prueba de cargo “la declaración autoinculpatoria” que había prestado ante los mossos como testigo supondría “vulnerar los derechos constitucionales” del deportista, ya que luego no fue ratificada ante el juez.

“Con el dopaje aplicamos tolerancia cero, pero con todas las garantías”, afirma el abogado Fernando Uraburu, presidente del Comité de Disciplina Deportiva de la Federación de Ciclismo. Este asume que el resultado puede resultar chocante, pero insiste en que así es la ley. Uraburu añade que en otros expedientes derivados de la Operación Cursa han actuado igual y que han sancionado cuando los deportistas han reconocido ante la propia federación haberse dopado. La Federación de Ciclismo no está personada en la causa y no ha analizado las escuchas.

Ana Muñoz, directora de la Agencia Antidopaje: “Estoy indignada con el archivo. Es parecido a la Operación Puerto”

Con una sanción de Triatlón y un expediente archivado en Ciclismo, Llobet recurrió al Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD), la última instancia deportiva. Es un órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD), pero independiente. Tiene su sede en otro edificio y paradójicamente está puerta con puerta con la Federación de Triatlón. Está compuesto por juristas que eligen entre deportistas y federaciones a partir de nombres propuestos por el consejo.

En su recurso, Llobet se desdijo: “No reconozco en absoluto la declaración prestada ante los Mossos d’Esquadra, ya que se realizó bajo presión, amenazas y coacciones”. El sargento Tarrés niega las presiones: “No coaccionamos a nadie y no tengo noticia de que nadie me haya denunciado por coaccionarle en una declaración”.

El pasado 26 de julio, mientras el Gobierno se esforzaba por dar una imagen de dureza contra el dopaje en la carrera por los Juegos de 2020 para Madrid, el CEDD zanjó el caso. Dio la razón al deportista y enterró la suspensión. El comité —este diario ha intentado, sin éxito, obtener su versión para este reportaje— sostiene en la resolución que la declaración como testigo “no estaba acompañada de las garantías que rodean la condición de imputado”, algo que le habría permitido ir con un abogado y sin obligación de decir la verdad. Considera que no es una prueba válida, ya que no fue ratificada ante el juez y señala que el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable es algo básico.

El abogado de Llobet, Miguel López, defiende que la resolución que archiva el caso “es impecable” porque señala que deben predominar “las declaraciones en el juzgado, realizadas con plenas garantías”. Recuerda que Llobet ha pasado “mil controles antidopaje y en ninguno ha dado positivo”. “Si hubiera cualquier indicio habría estado imputado”, añade molesto con “el daño irreparable” que se le ha hecho a su defendido. Argumenta que el declive en las marcas del deportista es incompatible con el dopaje. López sostiene que lo único relevante del caso es esta última resolución y deja abierta la puerta a demandar a este diario si publica transcripciones que hay en las diligencias y la declaración de Llobet ante los mossos.

No fue solo este triatleta el que se salvó. Entre junio y julio, el CEDD anuló las sanciones a Jessica Rodríguez porque consideró que la infracción estaba prescrita al contar los plazos de manera distinta que la Federación de Triatlón; a Santiago Arnés le dio la razón al aceptar que la compra de la sustancia dopante pudo ser la que dio origen a un positivo que el atleta tuvo en 2009; a Sergio Martín, porque negaba estar federado y en el expediente no había copia de su licencia, y a Diego Rodríguez por “insuficiencia probatoria” (aparece en el informe de los mossos como comprador de un derivado de testosterona). Los que recurrieron al comité ganaron. Los que no lo hicieron se quedaron con su sanción.

En total, de decenas de deportistas mencionados por los mossos apenas hay sanciones. Solo triatlón se personó en la causa. Suspendió a 13 y los cinco primeros deportistas que han recurrido al tribunal deportivo ganaron. Atletismo dice que no ha expedientado. Ciclismo está a punto de imponer sanciones, pero archivó algunos de los que sancionó triatlón, como el caso de Llobet.

Ana Muñoz, hasta el viernes directora de la Agencia Antidopaje y ahora directora general de Deportes, no oculta su enfado con la resolución del caso, que conoce bien: “Al poco de llegar, pedí la situación de los expedientes de la Operación Cursa. Vi que las federaciones lo habían tratado de forma distinta. Había expedientes prescritos, otros no resueltos, otros recurridos... Pedí que la competencia pasara a la agencia y suspendimos los procedimientos hasta que termine la instrucción para que no prescriba”. Muñoz defiende cómo actuó la Federación de Triatlón: “Fueron diligentes, se preocuparon, se personaron e incoaron expedientes. Ahora están indignados y yo también”.

Muñoz repite el discurso de las autoridades españolas que desde hace años se empeñan en dar una imagen de dureza con el dopaje que choca con los hechos. “Ya sé que lo decimos siempre, pero con la nueva ley, esto no pasaría”. La norma, aprobada en marzo pasado, días antes de que el COI visitara Madrid para evaluar la candidatura a los Juegos, prevé utilizar los datos de los procedimientos penales para sancionar. “Es incomprensible que si alguien acepta que ha cometido unos hechos no sirva para sancionarlo. Es parecido a la Operación Puerto”, el macroproceso contra el dopaje en el ciclismo que acabó con penas mínimas.

Fuentes del Ejecutivo muestran también su enfado con el resultado. El CEDD es un órgano llamado a desaparecer con la nueva legislación y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, ha llegado a criticar en público algunas de sus resoluciones.

La Federación de Triatlón estudia si recurrirá el caso a los tribunales. En la práctica poco importa. En el difícil caso de que lo ganara, pasarán un par de años como mínimo. Con 39 años, Llobet difícilmente competirá mucho tiempo más.

No solo se dopan los profesionales

Carlos Arribas

Si la Operación Cursa pudo ser considerada como una más por una sociedad a la que cada poco se le sobresalta con un nuevo golpe policial contra el dopaje, para el sargento Xavier Tarrés, jefe de la Unidad de Consumo de los Mossos d’Esquadra, supuso entrar en un mundo oscuro que sospechaba que existía, pero del que nadie tenía constancia documentada. Dirigiendo la investigación de una red de tráfico de sustancias dopantes con ramificaciones en Portugal, Andorra y varios hospitales catalanes, Tarrés, que comenzó su carrera como escolta de Jordi Pujol, entró de pleno en el mundo del dopaje que invade el deporte llamado aficionado o popular. Confirmó así lo que ya imaginaba, que no solo se dopan los campeones y los deportistas profesionales, sino también los participantes en las medias maratones o en las carreras populares o en las sansilvestres de fin de año, llamadas cursasen Cataluña. Por eso Tarrés bautizó a la investigación Operación Cursa.

“El producto estrella era Actovegyn, un concentrado de sangre de ternera, al que llamaban EPO de los pobres”, explicaba hace un par de años en una conferencia antidopaje. También describió la Operación Cursa como la primera desarticulación de una red que suministraba al deporte aficionado. “La lógica económica de las redes de tráfico exige también fomentar el consumo”, explica Enrique Gómez Bastida, director del departamento de inteligencia e investigación de la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) y que como teniente de la Guardia Civil dirigió diversas operaciones contra el dopaje, incluida la Operación Puerto. “La ganancia se consigue vendiendo EPO a corredores de San Silvestre. En todo caso, los profesionales sirven para hacer publicidad indirecta de las bondades del producto”.

Restringido antes a los gimnasios en los que adeptos al culto del cuerpo lograban kilos de calidad y forma no solo subiendo hierro sino con anabolizantes del mercado negro —muchas veces falsificados o provenientes de desvíos de pedidos de farmacias—, la masificación del running y del cicloturismo ha aumentado el espectro de productos y vendedores. En Valencia la policía bautizó una operación Master porque los clientes de la trama eran en gran número participantes en pruebas Master, categoría de veteranos de ciclismo. La Skype, llevada a medias entre los mossos del sargento Tarrés y la Policía Nacional, destapó una banda que operaba en una tienda de suplementos nutricionales de Mataró y con ramificaciones en Marruecos, Colombia y Madrid. Junto a atletas excelentes, como el campeón olímpico Rashid Ramzi, y decenas de atletas marroquíes que se ganan su sustento participando en carreras locales con premios, entre los consumidores detectados había ciclistas y runners populares, y hasta alumnos de un centro de formación de opositores a bombero en Móstoles.

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