El juez admite una querella contra Bartomeu y Neymar por estafa

La empresa que tenía los derechos del jugador en Brasil reclama 40 millones de su fichaje

Neymar y Bartomeu. AFP

Nuevo frente judicial para el FC Barcelona por el fichaje de Neymar. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz, ha admitido a trámite una querella por estafa y corrupción entre particulares que interpuso la empresa que tenía el 40% de los derechos federativos del jugador antes de que el Santos lo traspasara a la entidad culé. Esta empresa, denominada Dis-Esportes y Organizaçao de Eventos, asegura haber sufrido un quebranto económico por el contrato que firmaron Neymar y su padre con el Santos y el Barcelona en 2011 por el que el jugador cobraría 40 millones de euros cuando fuera agente libre para garantizarse su fichaje.

En esta causa figuran como querellados el jugador, su padre, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu; su antecesor Sandro Rosell así como el actual máximo mandatario del Santos, Odilio Rodrigues y su predecesor Luis Alvaro de Oliveira. Además, la acción se dirige también contra el FC Barcelona y el Santos como personas jurídicas. El juez considera que no es "urgente ni necesario por ahora" citar a los querellados para tomarles declaracion en calidad de imputados sin perjuicio de que puedan personarse, para lo que se les notifica el auto.

En su auto, de 18 folios, el magistrado reclama al Real Madrid, al Chelsea, al Bayern de Munich y al Manchester City que remitan las copias de las ofertas que enviaron al jugador y a su club de procedencia, el Santos. El juez acoge la tesis de la empresa querellante respecto a que "si el jugador Neymar acepto del FC Barcelona la cantidad de 40 millones por fichar por este club podria haber alterado de esta manera el libre mercado de fichaje de futbolistas y perjudicado tambien al querellante, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforne a las reglas de la libre competencia y pudiera obtener una mayor cantidad economica por el traspaso".

La estafa se concretó, según la querella, por que esos contratos para el fichaje de Neymar eran una "simulación, pues pretendían disfrazar lo que en realidad era pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad". El juez De la Mata afirma que existen al menos dos partidas de los contratos que hacen pensar que son ficticios: el fichaje de tres jugadores del Santos por el Barça, que no se ha producido pese a haberse pagado la cantidad fijada y un partido amistoso entre ambos clubes que tampoco se ha celebrado.

El juez estima que los contratos simulados se realizaron “con la finalidad de adquirir [los derechos de Neymar] fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su fichaje por valor inferior al de mercado, y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes podrían estar dispuestos a pagar”. De la Mata sostiene que Neymar estaba obligado por contrato a colaborar con la empresa querellante Dis, y recuerda que en Brasil, donde se produjeron los hechos, “cualquier transferencia de un deportista profesional depende de su consentimiento formal y expreso”.

El hecho de que el Barça introdujera una cláusula de penalización por la que Neymar debería pagar 40 millones al club catalán si fichara por un equipo distinto revela, para el juez, la “intención clara del FC Barcelona” de “quebrar la libre competencia del mercado de fichajes, al amarrar definitivamente la voluntad del jugador”. De este modo, afirma el magistrado, el Barça “se convirtió de hecho en el titular de todos los derechos federativos y económicos del jugador, por cuanto si algún competidor quería adquirirlos necesariamente tenía que pasar por abonar al FC Barcelona la cantidad de 40 millones de euros”.

Por su parte, Neymar, afirma el juez, “aceptó y recibió” del Barça un “beneficio injustificado de 40 millones” por “favorecer” al club sus derechos federativos “sin tener que competir con el resto de clubes interaesados” ni “pagar a sus legítimos titulares la cláusula de rescisión de 45 millones de euros”. Al actuar así, el jugador incumplió sus obligaciones como empleado del Santos al rechazar en su propio beneficio y “por razones espurias” todas las ofertas de traspaso de los clubes, reteniendo los 40 millones comprometidos con el Barça.

Esta causa se suma a la ya abierta en la Audiencia Nacional y que se juzgará en la Audiencia de Barcelona sobre los delitos fiscales derivados del fichaje del delantero brasileño. En esta causa la fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión y 3,83 millones de euros de multa para Josep Maria Bartomeu, y más de siete años de cárcel y 25,15 millones de sanción para Sandro Rosell, por delitos fiscales y societarios en la contratación del jugador Neymar. También una multa de 22,2 millones de euros para la entidad blaugrana, imputada como persona jurídica. Además, como responsabilidad civil, el ministerio público reclama 9,55 millones de euros para Rosell y el club solidariamente y 1,9 para Bartomeu y la entidad conjuntamente, según el escrito de acusación. Entre multas e indemnizaciones, los dirigentes y el club líder de la Liga se enfrentan a tener que abonar un total de 62,66 millones de euros. El coste del futbolista, impuestos incluidos, fue de 94,8 millones.

Los 13 contratos celebrados entre el Barça, el Santos y la empresa del padre y representante del jugador —por conceptos tales como ojeo de jugadores, partidos amistosos o incluso “préstamos” al jugador— esconden, según el juez y también según el fiscal, el montante de la contratación de Neymar. Y, por lo tanto, se trata de ingresos laborales del jugador sujetos a retención fiscal que debió practicar y no practicó el club.

Las principales defraudaciones, en términos cuantitativos, se produjeron en 2011 —en total 2,4 millones de euros— y en 2013 —6,78 millones—. En esta época el club estaba presidido por Rosell. El 30 de enero de 2014, una semana después de que Rosell dimitiera y Bartomeu asumiera el cargo, algunos de los contratos firmados en la época anterior cobraron vigencia y provocaron un fraude fiscal de 3,84 millones.

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