Villar presiona con una querella a Cardenal

Con un escrito de Ángel María Villar sobre la mesa del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anunciando que se ha querellado por prevaricación contra el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, los miembros del tribunal han pospuesto por tercera semana consecutiva la apertura de expediente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife. Esta maniobra de Villar, según fuentes cercanas al caso, "es una forma de presionar e intimidar al TAD".

Estas mismas fuentes también aseguran que durante la reunión hubo varias llamadas de un abogado de Villar —el presidente de la FEF está en Nyon, Suiza, en una reunión de la UEFA—preguntando si el tribunal ya había tomado una decisión, lo que consideran "otra forma de coaccionar". "Es como si estuvieran esperando para, según qué decidieran los miembros del TAD, comunicar más querellas contra ellos", abundan dichas fuentes.

El TAD, no obstante, ha abierto "un proceso de información reservada". El proceso de "información reservada", recogido en el artículo 38.2 del Reglamento de Disciplina Deportiva, no establece plazos para la solicitud de esa documentación. Tampoco el TAD ha querido desvelar a qué organismos requerirá esos informes.

Préstamo al Recre

En el caso del Recreativo de Huelva, la Federación Española de Fútbol financió al club onubense con un préstamo de 216.000 euros concedido el 24 de agosto de 2015 para pagar al exentrenador del equipo, José Luis Oltra. En el caso del Marino de Tenerife, la Federación pagó a través del sindicato de futbolistas (AFE) una deuda de 166.000 euros que el club tenía contraída con jugadores en la temporada 1991-1992, cuando el equipo militaba en Segunda B.

Mientras, en el asunto que atañe a la Federación de Baloncesto, el envío del caso por parte del Consejo Superior de Deportes al TAD se hizo tras revisar las alegaciones de los dirigentes federativos a la denuncia del presidente de la Federación Catalana, tras la cual el Consejo estimaba que podía existir una "imputación de gastos particulares a las cuentas de la Federación y una incorrecta utilización de los fondos federativos".