La AMA coordinará la identificación de las bolsas

Tras felicitarse por la entrega de las bolsas de sangre de la Operación Puerto, José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo, se preguntaba qué hacer con ellas, lamentaba que los hechos hubieran prescrito y que no se hubiera abierto expediente en su momento a los sospechosos, y afirmaba que sin embargo se hará todo lo posible para que los ciclistas que se doparon no queden impunes, aunque será complicado sancionarlos.

Para hallar respuesta al qué hacer —los lamentos y las promesas no pueden cambiar ni el pasado ni influir en el futuro—, López Cerrón se pondrá en contacto con la agencia española antidopaje (AEPSAD), el organismo nacional con medios y capacidad para proceder a los análisis de ADN de los sospechosos para compararlos con los de las bolsas de sangre.

El director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, justamente el oficial de la Guardia Civil que guió la Operación Puerto en 2006, le dirá seguramente que se ponga en contacto con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el organismo que puede hacer de paraguas y coordinar los trabajos de identificación, que serán laboriosos.

Trabajo de inteligencia

Para cotejar un ADN hacen falta dos elementos: la huella genética de un sospechoso y la prueba con la que se quiere comparar. La segunda se tiene, son las bolsas, pero para lograr la primera será necesario antes elaborar una primera lista de sospechosos basándose en los documentos, los miles de papeles hallados en los registros a las consultas de Fuentes, y en un trabajo de inteligencia de diversas agencias nacionales —la danesa de Bjarne Riis, director del equipo en el que corrían Basso y Hamilton; la italiana, la española, la alemana...— para rellenar los huecos. De un par de decenas de sospechosos se tiene la casi certeza de su culpa. De media docena, incluidos algunos corredores internacionales de alto nivel aún en equipos WorldTour, se tiene más que sospechas. De al menos una docena de propietarios de bolsas no hay indicios aún.

David Howman, el director general de la AMA, lamentó el retraso judicial que complicará la tarea de sancionar a los deportistas debido a la prescripción de 10 años que fija el Código Mundial Antidopaje, pero anunció que creará una comisión que coordine a las autoridades a las que el juez ha entregado las bolsas, la federación española, la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI).

La AMA pondrá a funcionar su departamento jurídico para dar con alguna fórmula que justifique una ampliación del plazo de 10 años aceptable para el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) al tiempo que estudiará el paraguas normativo que haga posible que, aunque no se sancione administrativamente a los deportistas implicados, se pueda comunicar públicamente su nombre, tal como hizo la AMA con la investigación del dopaje ruso o el Senado francés con los nombres de los dopados con EPO en el Tour de 1999.