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Detenido por abusos sexuales Miguel Ángel Millán, un entrenador de atletismo de élite

El técnico, de 66 años, era responsable de pruebas combinadas de la Federación Española hasta noviembre, cuando la entidad conoció el caso

Millán, en una imagen de la Federación Canaria de Atletismo.

La policía detuvo el lunes en su domicilio de Tenerife al entrenador de atletismo Miguel Ángel Millán, de 66 años, después de que un joven al que entrenó hace unos años presentara una denuncia por abusos sexuales continuados en el juzgado número dos de La Laguna, y otros atletas se mostraran dispuestos a declarar ante la policía que habían sido víctimas de situaciones similares. Antes de detener a Millán, que ocupaba hasta hace cinco semanas el cargo de responsable de pruebas combinadas en el comité técnico de la Federación Española de Atletismo (RFEA), la policía registró su domicilio, en el que, según su abogado, José Manuel Niederleytner, requisó un ordenador y “varias fotografías antiguas”.

Cumplidas las 72 horas desde la detención en la comisaría de La Laguna, está previsto que el entrenador acusado sea puesto a disposición judicial hoy a las diez de la mañana. A última hora de ayer, Millán se había negado a declarar ante la policía, según varias fuentes consultadas cercanas al caso. El juez ha decretado el secreto de sumario

Según la denuncia presentada por el joven, que hoy tiene 19 años, Millán empezó a abusar de él cuando tenía 14 años y formaba parte del selecto grupo de atletas que trabajaban con el técnico murciano en un club de Tenerife. Los presuntos abusos se habrían prolongado durante un año. El joven atleta decidió poco después dejar su deporte.

El joven mantuvo en secreto el abuso hasta el pasado mes de enero, cuatro años después de sufrirlos, cuando se sintió con las fuerzas suficientes como para contárselo a su familia. Con su apoyo, decidió denunciarlo a la policía. Después de tomar declaración a dos compañeros que afirmaron no haber sufrido ni haber sido víctima de abusos por parte del técnico, la jueza encargada del asunto archivó la denuncia el pasado mes de octubre.

El denunciante recurrió la decisión y el juzgado decidió reabrir el caso el pasado 7 de noviembre. Desde entonces, han declarado ante la policía cinco atletas que se entrenaron a las órdenes de Millán en diferentes épocas y que han asegurado haber vivido situaciones similares, explicó ayer Pedro Revilla, abogado del denunciante. Ninguno de ellos se había atrevido a hablar del asunto hasta que conocieron la denuncia de su cliente.

Estos testimonios no solo se han producido en Tenerife. También han tenido lugar en Murcia, donde con anterioridad residió y ejerció su trabajo de entrenador el detenido. Millán había sido citado el pasado 12 de diciembre, el lunes pasado, día en que fue detenido por la policía.

Una familia de atletas

El 7 de noviembre la información de que el caso se había reabierto llegó a Madrid, donde el presidente de la Federación Española de Atletismo, entonces todavía José María Odriozola, decidió apartar a Miguel Ángel Millán de su cargo en el comité técnico nacional. Al mismo tiempo, el club de atletismo Tenerife Cajacanarias, donde trabajaba el entrenador detenido y del que su hijo, Germán Millán, es vicepresidente, suspendió al técnico, que ocupaba un cargo en su secretaría técnica.

El otro hijo del acusado, Joaquín, también es en la actualidad entrenador de atletismo. Tanto él como su hermano Germán figuraban entre los mejores lanzadores de peso de España hace media docena de años. A ambos les entrenaba el técnico denunciado.

Antes de trasladarse a Tenerife en 1993, Miguel Ángel Millán, nacido en Lorca (Murcia) en 1950, desarrolló su trabajo en Alhama de Murcia, localidad en la que era profesor de gimnasia y en la que, de la nada, sin instalaciones apenas, logró formar a los mejores decatletas del país y situarlos en el mapa del atletismo mundial. Su gran obra se llama Antonio Peñalver, que consiguió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la medalla de plata en decatlón.

Un delito castigado con hasta tres años

El Código Penal define como abuso sexual cualquier acto que atente contra la libertad sexual de una persona sin que se produzca violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, y está castigado con penas que van de uno a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses, según recoge el artículo 181.

En uno de sus apartados se especifica que la pena es la misma si el consentimiento se obtiene “prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima”. El abogado del denunciante estima que en el caso de su cliente, al tratarse de un delito continuado de abusos sobre un menor de edad, la pena iría de dos años y un día hasta tres años y nueve meses.

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