Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los controles antidopaje vuelven a la Liga

El Gobierno aprueba hoy, con dos años de retraso, un real decreto que adapta la legislación española al código mundial

Tebas, durante un acto en México. EFE

Cuando una carrera ciclista, por ejemplo, en los viejos tiempos, carecía de control antidopaje, los responsables de los equipos que creían que sus rivales hacían trampas denunciaban públicamente el hecho, y hasta se negaban a competir hasta que el reglamento no se restableciera. La Liga española de fútbol lleva prácticamente un año sin controles antidopaje, según reveló recientemente El Confidencial, pero ningún club se quejó, de hecho, ninguno los reclamó.

La noticia de la falta de controles, ligada a la sanción impuesta a España por no adaptar sus leyes a la normativa mundial antidopaje fijada en Johannesburgo en noviembre de 2013, ha precedido en una semana al fin previsto de la anomalía. El viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto ley que introduce en la ley española antidopaje los cambios solicitados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Estaban articulados, y traducidos para alcanzar el consentimiento de la AMA, desde el otoño de 2014. Los cambios más importantes son el aumento de la sanción posible por un primer positivo de dos a cuatro años y el del plazo de prescripción de una falta de dopaje, que pasa de ocho a 10 años.

Quizás una de las razones del silencio del fútbol sea que son tan escasos los controles que la agencia española antidopaje (AEPSAD) efectuaba que ninguno se enteró de que no se hacían. “Lo habitual son cuatro partidos por jornada, dos de Primera y dos de Segunda y dos jugadores por equipo, 16 futbolistas a la semana en total”, explica Enrique Gómez Bastida, director de la AEPSAD. El único positivo que ha dado el fútbol desde que la agencia asumiera la potestad de los controles de manos de la federación se produjo en octubre de 2015, en el Huesca-Valladolid de Segunda. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) levantó meses después la suspensión de dos años impuesta al futbolista implicado, Íñigo Ros, del Huesca.

Cuando sancionó a España, privando a la AEPSAD de la posibilidad de hacer controles con valor internacional y cerrando el laboratorio antidopaje de Madrid, la AMA aconsejó a la agencia española que buscara acuerdos para que las diferentes federaciones internacionales efectuaran los controles. “Llegamos a acuerdos con casi todas, lo que nos permitió que ningún deportista español se quedara fuera de los Juegos Olímpicos de Río por no haber pasado el número mínimo de controles exigido”, dice Gómez Bastida. “Pero ni la FIFA ni la UEFA quisieron asumir los controles del fútbol, alegando que su radio de acción son las selecciones nacionales y las competiciones europeas de clubes. Y estos controles a los clubes españoles en Europa y a la selección española nunca se han dejado de hacer. Los grandes siempre han estado controlados”.

Fue precisamente el fútbol, el tremendo y absorbente trabajo llevado a cabo por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Gobierno para regular la venta centralizada de los derechos de LaLiga, su prioridad, una de las razones del retraso en la aprobación de las modificaciones, según relatan fuentes cercanas al CSD en la época en que estuvo presidido por Miguel Cardenal. Para acelerar el cambio normativo, la AMA envió a España a Emiliano Simonelli, uno de sus especialistas en cumplimiento, que trabajó codo con codo con Miguel Pardo, abogado del Estado y redactor de la primera ley española, y con otros directivos del CSD y de la AEPSAD. El objetivo necesario para evitar sanciones era aprobar la nueva ley a lo largo de 2015, un objetivo que, pese a que la nueva redacción estaba aprobada desde noviembre de 2014, en enero de 2015 se vio imposible. La AMA, según su portavoz Ben Nichols, advirtió repetidamente al Gobierno español del problema que se avecinaba y de lo que supondría la declaración de “no cumplimiento”. Incluso amplió el plazo para España hasta marzo de 2016, pero ya entonces la imposibilidad era absoluta, pues Mariano Rajoy gobernaba en funciones, lo que le impedía iniciar cualquier acción legislativa en el Congreso. A esta disculpa se aferró Cardenal para justificar un problema que había comenzado con lo que sus funcionarios califican de falta de empuje.

Más información