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Villar denuncia que falsificaron su firma en los papeles del caso Haití

Apoyado en un informe pericial, el presidente de la FEF asegura que su rúbrica fue suplantada en la justificación de la subvención de 1,2 millones que tuvo que devolver

Villar, en diciembre de 2015.
Villar, en diciembre de 2015. AFP

Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), apoyado en un informe pericial, aseguró en un escrito dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado 23 de diciembre que su firma fue falsificada en nueve ocasiones en la documentación entregada en 2011 para justificar una subvención pública de 1,2 millones de euros destinada al desarrollo del fútbol en países de África, Centroamérica e Iberoamérica. Dicha cantidad, más 300.000 euros de intereses de demora, tuvo que ser devuelta recientemente por la FEF ante la defectuosa justificación presentada. Según el CSD, del total de lo concedido sólo acreditó debidamente el gasto de 100.000 euros.

La falsificación de la firma es un acto que puede ser constitutivo de delito penal por cuanto fue empleada en un documento público para justificar una subvención procedente de las arcas del Estado. Por orden de quién se hizo esa firma y quién la falsificó son dos de las claves para depurar responsabilidades que la investigación interna aún no ha aclarado.

Villar se apoya en su carta al CSD en un informe pericial elaborado por Alberto Repiso Díez, perito calígrafo judicial en ejercicio, para asegurar que la firma que aparece en nueve documentos del proceso de justificación de la subvención no es la suya. La primera de las rúbricas puestas en duda aparece en una carta dirigida al CSD con fecha 30 de diciembre de 2011 en la que se asegura que la subvención recibida se dedicó a los fines para los que fue concedida. Las otras ocho firmas aparecen en otras tantas páginas en las que se detallan los conceptos en los que supuestamente se gastaron los fondos públicos.

Cruce de demandas entre los implicados

La responsabilidad sobre el fraude de la subvención va a desatar un cruce de acusaciones entre Ángel María Villar y Jorge Pérez. Según ha podido saber este periódico, la Federación, una vez concluida la investigación, tiene previsto incorporar el resultado al proceso ya abierto en los juzgados de Majadahonda, en los que Miguel Galán presentó la denuncia contra la Federación por el mal empleo del dinero público.

Ante las acusaciones recibidas, Jorge Pérez tampoco descarta iniciar acciones legales contra Isabel Navas, directora de la Fundación, que asegura en una carta que el ex secretario general la indujo a presentar facturas que no tenían que ver con los proyectos para los que se había otorgado la subvención de 1,2 millones de euros.

En el escrito enviado al CSD el 23 de diciembre de 2016, en el que se adelantan los primeros resultados de una investigación interna, Villar señala como responsables del fraude de la subvención a Jorge Pérez, ex secretario general de la FEF; al administrador general federativo, José María Castillón, y a empleados de la Fundación de la FEF, encargada de gestionar ese dinero público.

La firma falsa de Villar, según el informe pericial. ampliar foto
La firma falsa de Villar, según el informe pericial. EL PAÍS

“Se ha comprobado —dice el escrito— que no se ha gestionado correctamente la aplicación de ciertos fondos por parte de algunos responsables de la Fundación y de la propia RFEF, que son, de acuerdo con sus propias declaraciones, los actores de los hechos anteriormente descritos: por parte de la RFEF el hecho 1 protagonizado por el Administrador General (José María Castillón), y de la Fundación los restantes hechos en los que tuvo participación su Directora, sometida a las indicaciones y a la supervisión del anterior Secretario General de la entidad, a la sazón también Secretario General de la RFEF, de acuerdo con sus propias declaraciones”.

Firma verdadera de Villar. ampliar foto
Firma verdadera de Villar. EL PAÍS

A Castillón se le imputa además en el escrito de Villar que 110.704,80 euros de la subvención recibida nunca llegaron a la fundación, sino que fueron a parar a las arcas de la Federación. El administrador lo justificó el pasado 25 de noviembre, mediante una carta a Esther Gascón, actual secretaria de la Federación y al mando de la investigación interna, aduciendo que la fundación le debía a la Federación ese dinero: “La Fundación de la RFEF tenía un saldo a favor de la RFEF, en conceptos de servicios varios por importe de 110.704,80 euros; dicho importe se dedujo del pago final; siendo este proceder conforme y consecuente con la normativa contable en las cuentas que se mantienen con todos los organismos relacionados con la RFEF”, escribió Castillón.

La acusación de Villar a Jorge Pérez se apoya en una carta, con fecha de 18 de noviembre de 2016, de Isabel Navas, directora de la fundación, a Esther Gascón, en la que afirma que la certificación de la subvención, pese a que fue cumplimentada por ella, se hizo bajo las directrices de Jorge Pérez: “El contenido de la misma fue definido de forma personal y expresa por el secretario general, hasta el extremo de ordenarle que incorporara otras facturas, no directamente relacionadas con los proyectos, hasta alcanzar el montante de los proyectos, dado que inicialmente tan solo se incorporaron a dicha certificación aquellas facturas”.

Acusa a Jorge Pérez

Consultado por este periódico, Jorge Pérez desmintió las acusaciones: “Ni yo he hecho esa justificación ni la he revisado, ni soy contable ni experto en economía; soy periodista. Esos temas nunca los he llevado, eran cosa del presidente que siempre decía que los temas internacionales eran suyos. Y es lógico, porque se tiraba 200 días al año fuera de la Federación”. Preguntado por los motivos de la acusación, Pérez responde: “Esto es una manera de eludir responsabilidades de Villar y además hay que tener en cuenta que yo soy candidato a las elecciones. Los temas económicos los han llevado siempre el presidente y Juan Padrón, vicepresidente económico”. Pérez también niega haber mantenido conversación alguna con Isabel Navas sobre el cambio de sede de uno de los proyectos, que en un principio iba a ser destinado a Libia y fue cambiado a Malí.

Desde la Federación aseguran que la gestión del proceso administrativo estaba en manos únicamente de Pérez y de Castillón. También señalan al ex secretario general y al administrador general como los únicos encargados de responder al CSD cuando este organismo señaló posibles irregularidades en el gasto de la subvención.

Pese a que estos requerimientos se hicieron en abril de 2016, y que en septiembre la Federación pidió el archivo del proceso, desde Las Rozas dicen que Pérez y Castillón aseguraron al presidente que todo estaba en orden y que no le facilitaron más detalles. Pérez sostiene que en aquella época ya había sido apartado de sus funciones de secretario general.

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