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La crisis de Panrico se enquista tras cuatro meses de huelga en Barcelona

Trabajadores y dirección, pendientes de las demandas judiciales cruzadas

Clara Blanchar
Trabajadores de la planta de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) se manifiestan contra el ERE de la empresa.
Trabajadores de la planta de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) se manifiestan contra el ERE de la empresa.cristóbal castro

Los expertos consultados solo recuerdan una huelga más larga desde la recuperación de la democracia: la de los mineros de Crimidesa (Burgos), que en 1980 se prolongó durante 300 días. A falta de un recuento oficial, la de dos tercios de los 300 trabajadores de la fábrica de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) es la segunda más prolongada: hoy cumplen 134 días en huelga indefinida en protesta contra un ERE que ha castigado especialmente esta planta, que ya sufrió severos recortes en 2012 sobre todo en el área de producción. El expediente fue planteado por el consejero delegado, Carlos Gila, al asumir el cargo en septiembre pasado con la intención de despedir 745 personas de 4.000 empleados de una firma que acumula 700 millones de pérdidas desde 2008 y que está en manos del fondo Oaktree.

Cronología del conflicto

- Septiembre de 2013. Oaktree releva al consejero delegado, Joan Casaponsa y en su lugar nombra a Carlos Gila. La primera medida que toma es suspender el pago de nóminas para pagar a proveedores. Plantea un ERE para 1.900 personas y una rebaja salarial del 45%.

- Octubre de 2013. Panrico se acoge al preconcurso de acreedores para renegociar la deuda y comienza a pagar pequeñas cantidades a los empleados. Las fábricas convocan y desconvocan huelga. Solo Santa Perpètua la inicia el día 13.

- Noviembre de 2013. Gila rebaja la cifra de despidos a 745 y se firma el acuerdo del ERE.

- Diciembre de 2013. Panrico demanda a los empleados de Santa Perpètua por huelga ilegal. La Generalitat intenta mediar.

- Enero de 2014. La Inspección de trabajo resuelve que Panrico vulnera el derecho de huelga por distribuir en Cataluña Donuts fabricados en otras comunidades. Sube la tensión en las protestas de los piquetes coincidiendo con los 100 días de huelga.

- Febrero de 2014. La Generalitat presenta un plan que contempla que las dos partes retiren sus demandas. No lo hacen, aunque la empresa muestra disposición a hacerlo si lo hacen los trabajadores. El día 13 se celebra el juicio sobre la legalidad o ilegalidad del paro de la fábrica.

Hasta el finales del año 2016 la fábrica catalana de Donuts y Bollycao concentrará el 43% de los despidos de esta área en de las seis plantas que la compañía (las otra cinco son las de Sevilla, Córdoba, Madrid, Valladolid y Zaragoza). Basta visitar el campamento que los huelguistas de la planta de Santa Perpètua para comprobar que muchos de ellos, con antiguedades de más de 40 años no superan los 1.600 euros de salario mensual. Recuerdan que la planta producía casi a plena capacidad y que mientras ellos no han parado de elaborar rosquillas, pastas y pan de molde se han sucedido los directivos y los dueños —desde que la familia Costafreda se vendió la gallina de los huevos de oro en 2005 a Apax Partners por 900 millones— han tomado ruinosas decisiones, como envasar los Donuts uno a uno, para lo que en 2009 invirtieron inútilmente 35 millones de euros: las ventas se desplomaron hasta el punto de que tuvieron que dar marcha atrás y volver a las bandejas que estamos acostumbrados a ver en bares y colmados.

Pero pasan las semanas y los meses y el conflicto no avanza. Pese a los intentos de la Generalitat en su papel de mediadora, ni la empresa ni los trabajadores dan pasos que inviten al optimismo. La crisis se ha judicializado, unas demandas que serán determinantes en cuanto una de las partes salga reforzada.

La semana pasada se celebró en Sabadell la vista de la demanda por la que Panrico pide que la huelga sea declarada ilegal y cinco millones de euros a los comités de empresa y de huelga por los daños y perjuicios causados. Y para el día 20 de marzo está previsto en la Audiencia Nacional el juicio que persigue la impugnación del ERE y que ha presentado el sindicato CC OO, cuyos representantes (no todos) firmaron el acuerdo de 745 despidos y una rebaja salarial del 18% en noviembre pasado junto a los sindicalistas de UGT. Además, la Inspección de Trabajo emitió un informe que afirma que Panrico vulnera el derecho de huelga por vender en Cataluña productos fabricados en otras plantas.

La división sindical es una de las claves del conflicto: pugnas entre UGT y CC OO y dentro de esta organización entre la federación confederal y la de Cataluña. Cuando las cosas iban bien, los comités de empresa de las distintas fábricas no crearon un Comité Intercentros, ni pactaron un convenio común, un error que reconocen que han pagado caro. Solo hay representantes de las secciones sindicales para el conjunto de fábricas, pero ni se hablan. Las fuentes no quieren que se les cite. La situación es de tal tensión que al comienzo del conflicto apareció quemado el coche de uno de los máximos representantes de UGT en Santa Perpètua. UGT fue quien apoyó en 2012 desde las oficinas la rebaja salarial que se aplicaría a la fábrica y la herida está lejos de cerrarse.

El ERE ha castigado a la planta de Santa Perpètua, que sufrió recortes en 2012

La empresa ha sabido sacar partido de estas situaciones y a la hora de negociar el ERE jugó la carta de "divide y vencerás". Puso sobre la mesa de negociación del ERE un documento con los despidos por plantas: y las menos castigados le dieron el visto bueno y no levantaron la voz ni se solidarizaron con la protesta de Santa Perpètua, que ha mantenido la huelga en solitario.

Si a esto se suma que el peso de la protesta lo llevan afiliados de CC OO pero que tampoco cuentan con el apoyo de sus cúpulas, la soledad de los trabajadores de Santa Perpètua es notable, aunque cuentan con el apoyo de un comité externo y de cada vez más entidades. Por ejemplo, los huelguistas y su red de apoyo no entienden —y se lo han pedido por carta— como el sindicato CC OO no ha llamado al boicot de los Donuts como hizo la organización con la Coca-Cola al anunciar Cobega su ERE.

El martes pasado en Barcelona, el secretario general, Ignacio Fernández Toxo respondió a la cuestión con evasivas. E igual cuando se le preguntó por la sanción impuesta por la federación estatal a la catalana. La carta de 64 afiliados al sindicato también sugiere que si los 156.000 afiliados en Cataluña aportaran medio euro se podrían recaudar 78.000 euros para la Caja de Resistencia que ayuda a las familias que peor lo están pasando.

Una de las claves del conflicto es la profunda y división sindical

Tras más de cuatro meses, los huelguistas están agotados y su capacidad para hacer acciones visibles es limitada. Siempre desde el anonimato, algunos reconocen que ir a hacer turno a los piquetes se ha convertido en una rutina como lo era ir a trabajar. Durante meses no se ha celebrado ninguna asamblea y cuando se celebran no se convocan con antelación para que acuda la plantilla que no está en huelga y se vota a mano alzada, nunca en urna.

Fuentes próximas a la por ahora infructuosa negociación que lidera la Generalitat reconocen que, "está demostrado que a Panrico la huelga no le hace daño, no pincha, pero los trabajadores necesitarían un gesto para dar un paso atrás, no pueden desconvocar sin nada a cambio". Si los sindicatos no hablan, tampoco lo hace Carlos Gila, que ha prescindido de los directivos de la planta catalana, incluido el hermano del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Cuando el consejero delegado ha hablado lo ha hecho para advertir de que al fondo Oaktree se le está acabando la paciencia y aprieta para cerrar la fábrica de Santa Perpètua. La industria ocupa al 45% de los trabajadores del municipio, de 25.000 habitantes. Durante la crisis ha visto cerrar 195 empresas y ha perdido 4.000 empleos.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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