El juez lleva al banquillo a la ‘red Gürtel’ y una decena de cargos del PP
Ruz imputa a tres ex tesoreros al concluir una parte de la instrucción
El magistrado Pablo Ruz, sucesor de Baltasar Garzón en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y las fiscales anticorrupción Concepción Sabadell, Concepción Nicolás y Miriam Segura, han concluido una parte importante de la investigación abierta hace más de cinco años para desnudar una trama de corrupción masiva alimentada por decenas de dirigentes del PP entre 1999 y 2009 en distintas administraciones. El juez resolvió este martes, apoyándose en un informe de Anticorrupción, abrir una pieza separada de esta primera fase de la investigación, que alcanzaría al periodo comprendido entre 1999 y 2005, para agilizar el procedimiento y llevar en breve al banquillo para su enjuiciamiento a 45 de los casi 200 imputados en la causa.
Entre los implicados figuran tres ex tesoreros nacionales del PP, dos ex alcaldes de municipios madrileños, un ex consejero de la Comunidad de Madrid, media docena de empresarios y toda la cúpula de la red Gürtel con su jefe, Francisco Correa, a la cabeza. En la resolución judicial, Pablo Ruz señala al Partido Popular como beneficiario de parte de las prácticas ilegales de los ex dirigentes políticos de tres ayuntamientos —Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón— por lo que comunica a la formación conservadora que tiene derecho a personarse en la causa como “partícipe a título lucrativo”, según establece el artículo 122 del Código Penal ("El que por título lucrativo hubiera participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación").
El magistrado abre pieza separada para enjuiciar en breve a 45 imputados
Como consecuencia de los delitos cometidos por ex altos cargos municipales, el PP tuvo un beneficio ilícito de 236.864 euros que financiaron actos electorales u obras en las sedes del partido, según la investigación judicial.
La red Gürtel, dirigida por Francisco Correa, se enriqueció durante al menos diez años gracias a la ayuda interesada, a cambio de dinero o regalos, de alcaldes, concejales, diputados, consejeros autonómicos y tesoreros del PP; y con la connivencia de empresarios que pagaban comisiones ilegales a cambio de contratos amañados en distintas administraciones.
El saqueo de fondos públicos en instituciones gobernadas por el PP se llevó a cabo a través de todos los instrumentos ligados a la corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación, 11 delitos a los que se enfrentarán los imputados.
Los implicados en el saqueo de fondos públicos cometieron hasta 11 delitos
El Partido Popular atribuyó en un principio el caso Gürtel a una “cacería” sin fundamento organizada por el juez Baltasar Garzón con la ayuda del ministerio del Interior a través de los jefes policiales.
Cinco años después, tras el paso por la causa de varios magistrados, con cientos de informes periciales, declaraciones de testigos e imputados y hasta 183 comisiones rogatorias ordenadas en 21 países distintos, la investigación judicial ha logrado acreditar la mayor trama de corrupción política conocida en la reciente etapa democrática.
El PP atribuyó la causa a una “cacería” de Garzón e Interior
El magistrado Pablo Ruz ha finalizado, con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción, una parte principal de la instrucción pese a los innumerables recursos e incidentes de nulidad planteados por las defensas de los principales acusados durante el proceso. Estos abogados consiguieron expulsar del proceso a quién lo inició, el juez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación tras ordenar intervenir las comunicaciones de los corruptos con sus abogados en la cárcel.
El juez dedica una parte importante de su pronunciamiento judicial a detallar los delitos que atribuye a Luis Bárcenas, el único de los imputados en el caos Gürtel que está preso.
»Tráfico de influencias
El ex tesorero nacional del PP usó su autoridad para influir sobre distintos cargos públicos, fundamentalmente de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Francisco Correa a cambio de gratificaciones en efectivo.
»Enriquecimiento ilícito
Bárcenas se enriqueció de modo ilícito mediante el cobro de comisiones derivadas de distintas labores de intermediación en el ámbito de la contratación pública (1.249.311 euros) y mediante la apropiación de fondos del Partido Popular, cuya administración tenía encomendada como gerente nacional y aprovechando la doble contabilidad creada en ese partido. El ex tesorero habría encubierto alguna de estas salidas de fondos como entregas s supuestos destinatarios.
»Blanqueo de capitales
A fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad descrita y poder aflorarlas desvinculándolas de dicho origen, Luis Bárcenas habría utilizado, en connivencia con su esposa, la imputada Rosalía Iglesias Villar, un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas.
»Falsa venta de obras de arte
El auto judicial detalla múltiples delitos de Luis Bárcenas
El ex tesorero habría aflorado fondos originados con su presunta ilícita actividad criminal dotándolos de una apariencia ilícita al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancia patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte, llegando a elaborar documentos indiciariamente mendaces dirigidos a justificar formalmente algunas de esas transacciones. La excusa de operaciones de compraventa de cuadros también se habría utilizado como justificación de numerosos ingresos en sus cuentas suizas.
»Caja b del PP
Bárcenas se habría apoderado de 299.650 euros de la caja b del PP, que gestionaba presuntamente junto al entonces tesorero Álvaro Lapuerta. La estructura opaca se nutriría, con caracter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas.
