A última hora de la noche de ayer estaban aún reunidos los dirigentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Comité Olímpico Español (COE) y federación española de atletismo para decidir qué hacer respecto al caso Ángel Mullera. Sin embargo, su margen de maniobra parecía escaso ante la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que condenaba a España a hacer todo lo posible para reintegrar al atleta catalán al equipo olímpico español. La decisión es inapelable y sume al deporte español en una nueva situación poco deseable, grotesca, casi patética, por unos hechos que ni la federación ni el CSD atajaron desde que tuvieron conocimiento de ellos, en enero.
El sustituto de Mullera, el obstaculista jienense Sebastián Martos, llegó justamente ayer con la primera parte de la expedición atlética española, y hoy, probablemente, deberá tomar el avión de vuelta a Madrid para hacer hueco a un atleta indeseable para la mayoría de sus compañeros.
Según fuentes conocedoras del mismo, el laudo de la división ad hoc del TAS (su escuadrilla olímpica, que toma decisiones en 24 horas) no entra en el fondo en el asunto —¿se puede considerar el cruce de emails con un especialista en dopaje pidiendo información sobre el uso de sustancias prohibidas tentativa de dopaje?—, sino en la forma en la que la federación española, siguiendo indicaciones tajantes del CSD, desinscribió a Mullera de su selección olímpica al conocerse públicamente que la policía y la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) investigaban su correspondencia sospechosa. En el momento en que tomó cartas en el asunto, a mediados de julio, el CSD exigió a la federación que hiciera lo posible para que Mullera, quien se había ganado la plaza con una gran marca, no estuviera en Londres y que, además, lo expedientaran para dar cobertura legal a la desinscripción. Sin embargo, la federación presidida por José María Odriozola, tras borrarlo de la lista decidió no expedientarlo, argumentando que su comité de competición, un órgano independiente, no veía motivos para ello. Solo tras la insistencia pública del CSD, la semana pasada, con los Juegos iniciados, la federación abrió expediente, pero no por dopaje, sino por “antideportividad”.
Y ahí, según fuentes jurídicas, radica el meollo del laudo del TAS. Al no expedientarlo por dopaje, la federación no tenía posibilidad de dictar una sanción provisional, que habría sido el elemento que justificara su desinscripción. Además, un problema de plazos jugó también en contra de España. La normativa de la IAAF permite desinscribir por criterios técnicos o de forma a un atleta hasta la misma víspera de su competición, pero no así la olímpica, ya que el dueño de los Juegos, el que fija sus norma, el Comité Olímpico Internacional (COI) fija unos plazos más estrictos y lejanos. Así, al haberlo hecho fuera de plazo España, para el COI Mullera nunca ha estado oficialmente desinscrito. Fueron así, según las fuentes consultadas, las dudas y la tibieza federativas las causantes de la situación poco envidiable, con el resultado de que un atleta sospechoso de dopaje pueda competir el próximo viernes a las 13.00 (hora británica) en las series de 3.000 obstáculos en el estadio olímpico de Londres.
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