Un tribunal suspende los avales de la Generalitat al Valencia
La juez considera que van en contra del interés público porque son recursos económicos que son necesarios para atender servicios fundamentales
La Generalitat valenciana no tiene dinero para mantener una televisión pública, pero sí para dar aire al club de fútbol que más éxitos ha dado a la comunidad en los últimos años, a quien avaló ante Bankia para obtener un préstamo inicial de 74 millones de euros que han generado una deuda que ronda ya los 86 millones de euros. Esa ayuda, otorgada a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), acaba de ser suspendida de forma cautelar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia. La decisión, tomada a instancias de dos accionistas minoritarios del Valencia y a la que se oponían el avalista (IVF) y el acreedor (Bankia) de la operación, supone que el paquete mayoritario de acciones del club vuelve a Bankia. Estos avales están siendo investigados por la Comisión Europea porque podrían consituir ayudas públicas ilegales.
La juez Laura Alabau considera en su auto, del 19 de diciembre, la ejecución del aval provocaría un perjuicio "para el interés público" ya que supondría "destinar al pago del crédito otorgado para la compra de acciones de un club de fútbol recursos necesarios para atender servicios públicos esenciales dada la actual coyuntura económica". A pesar de ello, la Generalitat que preside Alberto Fabra se empeña en hacerlo. La Generalitat ya ha pagado 4,8 millones de euros de intereses para hacer frente al crédito del que se benefició la Fundación Valencia, ahora incapaz de hacer frente a los pagos, para adquirir un 70% del club.
La juez Alabau ya dio la razón a los demandantes en julio, pero la sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Con su última decisión, las acciones vuelven a ser propiedad de Bankia. La decisión, sin embargo, no es definitiva. Tanto Bankia como la Generalitat tienen 15 días para recurrirla.
La suspensión cautelar del aval se produjo un día después de que el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, confirmara la apertura de un expediente sancionador contra siete clubes españoles, incluido el Valencia, por haber recibido ayudas públicas que podrían vulnerar la normativa europea.
