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Quince socios demandan al Real Madrid por los estatutos

Piden la nulidad de la reforma que endureció las condiciones para optar a la presidencia

Florentino Pérez durante su viaje a Helsenkirchen el pasado 25 de febrero.
Florentino Pérez durante su viaje a Helsenkirchen el pasado 25 de febrero.CARLOS MARTINEZ (DIARIO AS)

Un grupo de 15 socios del Real Madrid ha solicitado a los juzgados madrileños que declaren nula la reforma de los estatutos del club que promovió Florentino Pérez en 2012 y que endureció las condiciones para los futuros candidatos a dirigir la entidad, que anulen también el nombramiento de la actual directiva y que convoquen nuevas elecciones. Los promotores de la iniciativa, entre los que hay varios juristas, consideran que la reforma vulnera la Ley del Deporte y la Ley del Derecho de Asociación y no respeta la igualdad de derechos de los socios del club.

La modificación del artículo 40 de los Estatutos del Real Madrid endureció las condiciones para ser directivo del club. Si antes para ser presidente bastaban 10 años de antigüedad como socio (cinco en el caso del resto de directivos) y presentar un aval del 15% del presupuesto del club (unos 80 millones de euros), desde la reforma el presidente debe llevar al menos 20 años con carnet del club —15 en el caso de los vicepresidentes— y los candidatos deben responder al aval con su propio patrimonio. La Ley del Deporte exige a los clubes que avalen el presupuesto pero no especifica cómo.

“Una norma a medida”

“Se creó una norma a medida de la actual dirección del club que motivó que esta fuese la única candidatura en las últimas elecciones celebradas en el Real Madrid”, aseguran los demandantes, que añaden que estas restricciones “impiden la libre concurrencia de candidaturas integradas por personas solventes y expertas en la gestión deportiva” y que la norma “no encuentra similitud en ningún otro club de fútbol español o europeo”.

La demanda se interpuso el lunes ante los juzgados madrileños de lo civil, que todavía deben pronunciarse sobre su admisión a trámite.

La representación jurídica de los demandantes, entre los que se encuentra Rafael Martínez Campillo, abogado y ex diputado del Centro Democrático y Social (CDS), corre a cargo de los abogados Luis Malo de Molina y Mercedes Gallardo, socios del despacho Praecepta Abogados.

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